El ministro de Desregulación nacional, Federico Sturzenegger, celebró este miércoles la eliminación del decreto que obligaba al gobierno nacional a contratar a Nación Seguros. La medida se tomó en medio de la causa que involucra al expresidente Alberto Fernández, a su secretaria María Cantero y al marido de ella, Héctor Martínez Sosa, por supuestamente aprovecharse de eso y sacar beneficios millonarios.
Según Sturzenegger, las nuevas determinaciones de la Casa Rosada a través del Boletín Oficial, que también suprimen las transacciones determinadas con YPF o el Banco Nación, permitirán “desterrar” privilegios donde emergía corrupción.
“El Decreto 747/24 firmado hoy por el presidente Javier Milei deroga los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21 eliminando los privilegios de Nación Seguros, YPF, Banco Nación y Optar en las contrataciones públicas”, introdujo el ministro.
“Las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos. Si estos privilegios a su vez servían para anidar corrupción o mantener a una casta política deben ser desterrados”, sostuvo Sturzenegger en su cuenta de X al respecto de las nuevas medidas, que ya habían sido prometidas desde Balcarce 50 y este miércoles se efectivizaron.
Además, enfatizó en la derogación del “nefasto” decreto 853/23, que obligaba a transaccionar con Nación Seguros. “Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un ‘broker’ para que logre una contratación que era obligatoria por ley”, planteó el funcionario de Milei.
Asimismo, detalló que el decreto 1191/12 “obligaba a comprar los pasajes con la unidad básica camporista de Optar SA”, que el 1187/12 hacía que los empleados públicos cobraran sus sueldos en el Banco Nación “impidiendo un ingreso por la gestión de esas cuentas que es un ahorro para el Estado”, y que el 1189/12 -todos dados de baja hoy- “obligaba a comprar combustible a YPF sin que el Estado pudiera compulsar precios más baratos”.
“Todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas”, aseguró Sturzenegger, quien arengó: “Eso se acabó. ¡Viva la libertad carajo!”.
La eliminación de estos decretos que regían en la época de Fernández frente a la administración nacional fueron eliminados por otro, el 747/2024 de la gestión mileísta.
El DNU 823, que todavía estaba vigente, precisaba que “las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” debían “implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de NACIÓN SEGUROS S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera”.
La directiva, fechada el 2 de diciembre de 2021, llevaba la firma del por entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur, y de quien en aquel momento estaba al frente del Ministerio de Economía, Martín Guzmán.
Según documentación que consta en la causa judicial por los seguros, que está a cargo del juez Julián Ercolini, Martínez Sosa -el esposo de la secretaria de Fernández que se movía por Olivos- fue el segundo beneficiado más importante cuando se revisa el listado de comisiones pagadas por Nación Seguros entre 2020 y 2024, con un total de $366.635.744. Solo es superado por Bachellier, un broker con muy poco recorrido en el ramo pero que entre 2021 y los tres primeros meses de 2024 facturó por intermediación $1665,7 millones. En el mercado se sabe que ambos responden al productor que está casado con la exsecretaria de Fernández, tal como publicó este medio.
Al expresidente se lo investiga para saber si estaba al tanto de la operatoria (que parecería ser así de acuerdo a los mensajes que trascendieron de su teléfono celular), y si usó su cargo para beneficiar los negocios de su secretaria y su marido.
LA NACION