En medio de las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales en Estados Unidos debido a las agresivas políticas migratorias implementadas por Donald Trump, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que cualquier extranjero que no cuente con documentos en el Perú debe ser enviado a su país inmediatamente para restablecer el control migratorio.
Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción de pistas y veredas en la avenida Pacasmayo en San Martín de Porres, López Aliaga enfatizó la necesidad de expulsar a extranjeros que residen en el país sin documentación. Según el alcalde, esta medida es fundamental para recuperar el orden y la seguridad en Lima.
“Si una persona está en Perú y no tiene papeles, se le deporta, se le saca de acá”, declaró el burgomaestre. Además, indicó que, en una reunión con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, le planteó la posibilidad de utilizar buses peruanos, incluidos vehículos del Ejército, para trasladar a los migrantes hasta sus países de origen. Según López Aliaga, Noboa no expresó objeciones a esta iniciativa.
“Yo he estado con el presidente de Ecuador, lo tuve en la Municipalidad de Lima, y le dije: ‘¿Usted tiene algún problema si pasan buses peruanos, buses del Ejército, llevando gente que no tiene papeles?’. Me dijo: ‘Ningún problema, Rafael’. Pasan por Ecuador, pasan a Colombia, por último; o los dejamos en la frontera”, afirmó el alcalde.
En su discurso, López Aliaga insistió en que la permanencia de extranjeros indocumentados en el país es inaceptable. “No pueden estar acá, gente sin papeles no puede estar acá”, subrayó.
En la misma intervención, el alcalde de Lima también manifestó su rechazo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y sugirió que el Perú debería retirarse de dicha institución. López Aliaga argumentó que este organismo no contribuye a la seguridad ni a la justicia en el país.
“Tenemos que salirnos de esa corte de derechos humanos que no sirve para nada”, aseveró. Las declaraciones del burgomaestre se suman a posturas similares de otros líderes políticos que han cuestionado la influencia de la Corte IDH en las decisiones soberanas de los Estados.
Cabe mencionar que la Corte IDH es un tribunal internacional encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ha intervenido en casos de violaciones a los derechos fundamentales en diversos países de la región.
En otro punto de su discurso, López Aliaga expresó su apoyo a la implementación de penas más drásticas para los delitos de corrupción. Si bien reconoció que la pena de muerte no es aplicable en el país, sugirió que la cadena perpetua debería ser el castigo para los casos más graves de corrupción.
El alcalde no detalló propuestas específicas sobre cómo se aplicarían estas sanciones, pero su postura refuerza un discurso de mano dura contra la corrupción. Actualmente, en el Perú, los delitos de corrupción tienen penas que varían según la gravedad del caso, con condenas que pueden alcanzar los 35 años de prisión en los casos más graves.
Este jueves 6 de febrero, un segundo grupo de peruanos regresó al país tras ser deportado debido a las estrictas políticas migratorias impuestas durante la administración de Donald Trump. El arribo se produjo pocas horas después de que el canciller Elmer Schiller confirmara la llegada de otro vuelo con deportados.
El avión, que transportaba a 141 connacionales, aterrizó a las 3:00 p.m. en el Grupo Aéreo N°8 de la Fuerza Aérea del Perú, en el Callao, según informó Canal N.
Se espera que la Cancillería emita un pronunciamiento en las próximas horas sobre el regreso de los 141 peruanos deportados desde Estados Unidos, así como sobre las medidas que se adoptarán para abordar su situación. Para evaluar el estado físico y social de los retornados, estarán involucrados el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud.