La tensa relación entre la Ciudad y la Nación por la situación del alojamiento de los delincuentes arrestados en territorio porteño sumó un nuevo hito. Tras la presentación de una serie de hábeas corpus para obligar al Poder Ejecutivo Nacional a recibir un mayor número de presos en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la ministra de Seguridad federal, Patricia Bullrich, salió al cruce a través de una carta dirigida al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. No solo cuestionó el sentido de las presentaciones judiciales, sino que acusó a la administración de Pro de no obrar de “buena fe”.
El texto, al que accedió LA NACION, tiene cuatro páginas, va dirigido a Jorge Macri y lleva la firma de Bullrich. En la misiva, la ministra expone una serie de datos para responder a los cuestionamientos planteados por la Ciudad en los hábeas corpus y afirma que desde la Nación buscan “resolver la problemática de los presos en las comisarías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires“. Enumeró, entre otros puntos:
Luego recordó que todas estas propuestas fueron un “paliativo” porque «la solución era que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires termine y entregue el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz que se comprometió a realizar en el año 2018 y que podría haber alojado a 2240 presos, pero que, por decisión política de esta gestión de la Ciudad y de la anterior, sigue sin cumplirse. La cárcel tendría que haber sido entregada en el año 2020″.
“Fueron malas decisiones políticas que hoy pagan los porteños con su seguridad y los argentinos con su bolsillo”, criticó Bullrich y sumó: «En la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales hay exceso de presos alojados en comisarías, pero no a todas ellas se les escapan presos todas las semanas».
También expuso que en la actualidad el SPF “que sostienen económicamente todos los argentinos aloja 11.500 internos y 6000 son presos de la CABA que están siendo juzgados por delitos comunes, con un costo anual para el resto de los ciudadanos del país de $ 156.639.750.000″.
«Es decir, por ejemplo, un ciudadano de la provincia de Santa Fe, paga por el Servicio Penitenciario Federal, paga por el Servicio Penitenciario Provincial y, por la decisión política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de no hacerse cargo de sus presos, también paga por el costo de mantenimiento de los detenidos de la CABA», cuestionó.
En la parte final de la carta, Bullrich se quejó de la presentación de hábeas corpus que se dieron la semana pasada para intimar al SPF a recibir más presos porteños. “En los últimos días, se ha filtrado maliciosamente información falsa a la prensa y personeros ligados al Gobierno de la Ciudad han iniciado una serie de acciones de Habeas Corpus para forzar el ingreso masivo de presos al Servicio Penitenciario Federal, hecho que es materialmente imposible por la falta de las plazas necesarias precisamente por el incumplimiento de la Ciudad en la entrega del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz».
Luego se refirió a la última presentación que se hizo y que obliga al SPF a recibir más presos, tras un primer revés judicial en el fuero federal: “Frente al rechazo de esta primera acción, de forma inmediata y maliciosa se interpuso otra con el mismo objetivo pero, ahora, se eligió a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Este nuevo planteo fue resuelto de un modo vergonzoso, sin siquiera citar al Servicio Penitenciario Federal para que exprese las razones de la imposibilidad de recibir más presos de los que a diario recibe. Esta aberración jurídica, por haberse violado las más elementales reglas del debido proceso, fue inmediatamente apelada por el Servicio Penitenciario Federal y no está firme”.
Sin nombrarlo, Bullrich apunta contra su por porteño, Waldo Wolff, al asegurar: “En el medio de una negociación política para la transferencia de las competencias que le corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las autoridades de su Gobierno, mediante distintos mecanismos, dañan la imprescindible buena fe que en toda negociación seria debe primar”.
La misiva de la ministra nacional, cierra con un pedido y una advertencia: “Esta administración no va a aceptar ningún tipo de coerción directa ni indirecta. Nuestra competencia primaria es combatir los delitos federales. Esperamos que en su carácter de Jefe de Gobierno y las demás autoridades políticas de la Ciudad se hagan cargo de las responsabilidades que les corresponden para asegurar la seguridad pública de los porteños, que cumplan con el mandato que les otorga su propia Constitución, que retomen la buena fe en las negociaciones y que alivien la situación económica del resto de los argentinos que con sus impuestos mantiene a los internos que cometen delitos en la ciudad”.
La semana pasada, un juez porteño avaló el hábeas corpus colectivo presentado por la Defensoría del Pueblo y dictaminó que los detenidos con condena deben ser transferidos de esos calabozos a dependencias del SPF. Según fuentes del Gobierno porteño, de los 2440 presos alojados en la actualidad en las distintas comisarías y alcaldías de la Policía de la Ciudad, 387 internos tienen actualmente condena.
En la resolución adoptada por el magistrado Norberto Luis Circo, a cargo del juzgado de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas N° 23 de la ciudad de Buenos Aires, figura que están alojados en comisaría y alcaidías porteñas 411 detenidos que ya tienen dictado de condena, y se agregó que “específicamente a la fecha 181 personas de esas 411 tienen sentencia firme, dos de ellos a perpetua”. Y se agregó que “de esos 411 condenados/as solo 57 están a disposición de la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cinco a cargo de la Justicia Federal y dos, alojados a pedido de la provincia de Buenos Aires, encontrándose el resto a disposición de la Justicia nacional, evidenciando la falta de cupos adecuados en el sistema penitenciario”. En definitiva, la medida alcanzaría a 347 detenidos.
Según fuentes del Gobierno porteño, hace una semana, la cantidad de presos derivados desde las comisarías porteñas a unidades del SPF pasó de 90 a 60 por semana. Funcionarios nacionales afirmaron al respecto que esos 90 lugares están divididos no solo entre varones y mujeres, sino también por diferentes delitos, ya que los pabellones son distintos y que eso genera a veces que no se complete el cupo.
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