En el marco del juicio por la estatización de YPF, El Gobierno presentó una respuesta en las últimas horas ante la jueza Lorett Preska en Nueva York para pedir que se revoque el fallo que sentenció al paísobliga al país aís fue sentenciado a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses. Cerca de la medianoche, la Procuración del Tesoro reiteró ante los tribunales internacionales “su voluntad de que se esclarezcan de una vez por todas los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi”, según dijeron fuentes oficiales.
“La respuesta expresa también la firme voluntad de este Gobierno en colaborar con su par de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto sin que ello implique abandonar sus planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes en este caso”, agregaron.
La estrategia de la defensa argentina en este caso quedó a cargo Juan Ignacio Stampalija, nuevo subprocurador del Tesoro, designado a cargo de los temas internacionales, luego de reemplazar a Andrés De La Cruz, a quien se le aceptó la renuncia el viernes pasado. Stampalija ingresó junto con el nuevo Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, quien a su vez sucedió a Rodolfo Barra, echado del Gobierno un mes atrás.
Los beneficiarios del fallo de YPF, los fondos Burford y Eton Park, también presentaron sus escritos y dijeron que la ONG RAFA “no presenta ningún argumento que demuestre que tiene un interés jurídicamente reconocible en las transacciones comerciales, la reestatización de YPF o los activos relacionados que están en el centro de este caso”. En cambio, dijeron, la ONG “pretende actuar en defensa del interés público, quizás como un ‘querellante’, o fiscal privado, según el derecho argentino”, contó Sebastián Maril, director de Latam Advisors, quien sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior.
“Además de estas deficiencias sustantivas, RAFA también ha incumplido los requisitos procesales básicos de la Regla 24. Quienes buscan intervenir deben notificar a todas las partes conforme a la Regla 24(c), pero en su lugar, RAFA envió sus documentos por correo directamente al Tribunal, sin notificar a las partes y sin ninguna justificación válida para un tratamiento ex parte”, agregaron los beneficiarios, representados por el estudio jurídico King & Spalding.
La Justicia de Estados Unidos puso como fecha límite este martes para la presentación de las partes en la causa que podría dejar sin efecto la condena por la que Argentina debe pagar u$s16.100 millones a un grupo de fondos buitre por la estatización de la compañía petrolera YPF.
La fundación Republican Action for Argentina realizó una presentación ante la Justicia estadounidense en el marco de la condena a pagar a las firmas Burford y Eton Park para que se investigue a los involucrados en la nacionalización.
El abogado Fernando Irazu, representante de la fundación Republican Action for Argentina, aseguró en declaraciones a EFE que la jueza Preska emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio.
«Las partes, incluyendo el Estado argentino y YPF, tienen hasta el martes 25 para responder, según lo ordenado por la jueza Preska. Es de suma trascendencia que avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos», aseguró Irazu a EFE.
Semana clave para YPF en el juicio por la estatización
Podría haber un giro favorable para el país en cuanto a la sentencia que obliga al Estado esa cifra millonaria al fondo estadounidense Burford por el modo en que fue estatizada YPF en 2008.
Esto se debe a la presentación que el lunes pasado realizó la organización civil Republican Action for Argentina (RAFA), litigante y participante de distintos procesos judiciales en cortes internacionales en los que están en juego intereses argentinos.
Esta semana será clave porque el martes es la fecha límite para la presentación de las partes y luego la jueza pasará a definir. Del caso se hicieron eco legisladores de la Coalición Cívica, que reclamaron al Gobierno celeridad en la presentación.
«Gracias a la presentación de la ONG Republican Action for Argentina y a la denuncia de @elisacarrio y la Coalición Cívica, que el juez Ariel Lijo mantiene cajoneada desde hace años sobre el vaciamiento de YPF, la jueza Loretta Preska podría revocar su fallo contra la Argentina por 16.000 millones de dólares», escribió el diputado Maximiliano Ferraro.
«Es fundamental que el Gobierno nacional actúe con responsabilidad y presente una respuesta antes del 25 de febrero. Está en juego la defensa del patrimonio de los argentinos frente a la corrupción y la desidia», aseguró en su cuenta de X.
En ese sentido, la diputada nacional por la Coalición Cívica ARI, Marcela Campagnoli, sostuvo a través de la misma red social: «Esperemos que el gobierno @JMilei e @YPFoficial contesten antes que venza el plazo que les dio la jueza Loretta Preska para el 25/2. Si lo hacen tengo fundadas esperanzas que se revoque el fallo contra Argentina. Lo que significaría un ahorro de casi 17.000 millones de u$d».
«Lo anuncié el miércoles ni bien ocurrió y hoy sale en Clarín. La presentación en EEUU se basó, como dice la nota, en la denuncia del 2006 de Elisa Carrió sobre el vaciamiento de YPF y el informe de la UIF del 2018 a cargo de @MarianoFederici Y desnuda la inoperancia del juez Lijo», puntualizó.