El Gobierno denunció a la jueza Karina Andrade por su decisión de liberar a los detenidos tras los incidentes ocurridos en el Congreso durante la marcha de jubilados del miércoles pasado. La denuncia fue presentada por Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, e incluye acusaciones por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. La presentación se realizó a las 07:30, según confirmaron fuentes oficiales.
En la denuncia, el Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad señaló la presencia de grupos organizados de barras bravas de distintas parcialidades deportivas en la marcha. Entre ellos, mencionó a integrantes de clubes como Chacarita, Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús y Los Andes.
Según el documento, los manifestantes que se encontraban en las inmediaciones del Congreso comenzaron a agredir a las fuerzas de seguridad con empujones, golpes, piedras y armas blancas y de fuego. También se informó que fueron incendiados objetos en la vía pública, una moto policial y un patrullero, además de registrarse daños en bienes públicos y lesiones a más de una docena de policías.
El informe indica que las acciones de violencia habrían sido organizadas previamente y que los agresores contaban con elementos como palos, fierros, armas blancas y de fuego, clavos de tipo «miguelito» para afectar los vehículos de las fuerzas de seguridad y materiales incendiarios. Se afirmó que el objetivo era provocar enfrentamientos con la policía y generar situaciones de represión.
El Gobierno sostiene que la movilización tuvo la intención de impedir el ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional y que los hechos deberían ser investigados por la Justicia Federal. En este sentido, se argumentó que las conductas denunciadas no solo encuadran en delitos como daño, resistencia a la autoridad y lesiones, sino también en figuras penales como sedición, atentado contra el orden constitucional y asociación ilícita agravada.
Acusaciones del Gobierno contra la jueza Karina Andrade
La denuncia señala que Andrade omitió la aplicación de normas procesales y adoptó un procedimiento propio al disponer la liberación de los detenidos. Según la presentación, la magistrada se arrogó facultades que corresponden al fiscal sin contar con la habilitación de su jurisdicción para intervenir en el caso. Además, se indicó que la resolución de liberación se dictó a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.
Entre las acusaciones, se menciona la creación de un grupo de mensajería instantánea con la fiscalía y la defensa en turno, lo que, según la denuncia, permitió que la defensa interviniera sin haber sido designada formalmente por los imputados. También se sostiene que la jueza ordenó la liberación de los detenidos sin dejar un registro oficial de su decisión ni la participación de representantes de las partes involucradas.
La presentación advierte que Andrade no verificó la existencia de antecedentes penales de los detenidos ni analizó la prueba disponible antes de ordenar su liberación. Según la denuncia, varios de los liberados cuentan con antecedentes por lesiones, atentado contra la autoridad, amenazas agravadas, tenencia de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y robos agravados.
El documento también señala que la jueza habría actuado sin intervención de partes legítimas y que su decisión obstaculizó la investigación. Además, se plantea que la medida tomada tuvo una motivación ideológica y que, posteriormente, la magistrada habría justificado su decisión argumentando la falta de espacio para alojar a los detenidos.
Consecuencias de la denuncia
La presentación judicial contra Andrade se enmarca en la postura del Gobierno de endurecer su política de seguridad y sancionar a quienes considera responsables de actos de violencia en manifestaciones públicas.
Por su parte, organismos judiciales y referentes del ámbito legal han manifestado posiciones divergentes respecto a la actuación de la jueza y la legalidad de su decisión. A medida que avancen las investigaciones, el caso podría derivar en una evaluación sobre la conducta de la magistrada y su desempeño en el proceso judicial.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad sostiene que los hechos registrados en el Congreso constituyen un ataque organizado que debe ser sancionado penalmente. La causa continúa en investigación, y se espera que la Justicia determine los próximos pasos en relación con la denuncia presentada contra Andrade.