Estas resoluciones establecen, además, un nuevo aumento tarifario en el costo del servicio para los usuarios de un 1,7 %, en el marco de semanas que estuvieron signadas por cortes de luz masivos, principalmente en el área de concesión de EDESUR.
Históricamente, el ENRE valorizó las sanciones económicas a las distribuidoras en función de la “Tarifa Media”, que tiene en cuenta el costo de la energía y el valor agregado de distribución (VAD). Sin embargo, con las nuevas resoluciones, este sistema de valorización que ya está siendo implementado cambió al “VAD Medio”, que considera únicamente el costo propio de distribución. Esta modificación, según el ENRE, busca optimizar la correlación entre las multas y los costos reales del servicio.
Sin embargo, los efectos prácticos de este nuevo método de cálculo implican que las sanciones impuestas a partir del 1° de marzo les resultan, en promedio, un 48% más accesibles a las empresas. Por ejemplo, si un usuario de EDESUR realiza un reclamo por cortes reiterados o prolongados a raíz de las fallas en el suministro ocurridas dos semanas atrás, la multa de 2.000 kWh que debe abonarle la prestataria pasó de valer $ 222.970 en febrero a $ 117.930 en marzo.
Esta medida del Gobierno, además de una nueva estafa a los usuarios y regalo para las empresas privatizadas de un servicio esencial como la energía eléctrica, es un incentivo todavía mayor a que las distribuidoras prefieran pagar una multa barata antes que invertir, en un modelo donde históricamente priorizaron sus ganancias antes que destinar recursos para un servicio de calidad.