El abogado Jorge Valda fue liberado este sábado tras una audiencia de medidas cautelares en el marco del caso Zúñiga. El juez Eddy Junior Flores determinó “libertad pura y simple” al no encontrarse riesgo de fuga ni de obstaculización procesal. La Fiscalía había solicitado detención domiciliaria y arraigo, medidas que fueron rechazadas por el juez.
El Gobierno expresó su desacuerdo con la decisión judicial y anunció que apelará. Valda había sido aprehendido el viernes en Santa Cruz y trasladado de inmediato a La Paz.
La aprehensión del abogado ocurrió tras la difusión del documental “¿Qué pasó el 26J?” presentado por el Gobierno. En ese material audiovisual se señala a Valda como posible ministro de Justicia o Fiscal General de un gobierno de facto liderado por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga.
La cinta sostiene que hubo una planificación para tomar el poder por la fuerza el 26 de junio de 2024. Se menciona también al activista Fernando Hamdan como uno de los principales articuladores del intento de asonada militar. Ambos habrían tenido contacto frecuente, según el Ministerio Público.
Valda rechazó las acusaciones y aseguró que su vínculo con el caso se limita a su rol como abogado defensor. Declaró que representa a Hamdan y a más de 200 personas señaladas como perseguidas políticas.
En la audiencia negó haber participado en ningún plan de golpe de Estado. Argumentó que el “manifiesto” que la Fiscalía menciona era parte de un intercambio jurídico con su cliente. La defensa alegó además irregularidades en su detención, incluyendo el uso de agentes de inteligencia.
En el marco del caso, otras tres personas fueron aprehendidas entre viernes y sábado. Se trata del general retirado Marco Bracamonte, el periodista jubilado Bismarck Imaña y el coronel en retiro Mario Tanaka Arauz. Todos fueron trasladados a La Paz para prestar declaraciones ante el Ministerio Público.
La Policía aún busca a un quinto implicado, el diputado Richard Ribera, cuyo nombre figura en la orden de aprehensión contra Valda. Ribera ha anunciado que se defenderá de las acusaciones.
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Desde el Gobierno, el ministro de Justicia César Siles negó que se trate de una persecución. Aseguró que las investigaciones se iniciaron de oficio tras los hechos del 26J y que ya hay tres sentenciados por procedimiento abreviado. Señaló además que hay más de 30 personas investigadas y que el proceso judicial avanza dentro del marco legal.
El Ministerio Público se encargará de presentar la acusación formal en los próximos días. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, también sostuvo que la investigación está por concluir.
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El juez que liberó a Valda argumentó que no se había presentado prueba suficiente para justificar medidas restrictivas, consideró que Valda podía defenderse en libertad sin interferir en la investigación. La audiencia se desarrolló de manera virtual y duró aproximadamente cuatro horas, la resolución final fue recibida con aplausos por parte de allegados del abogado. El fallo fue duramente criticado por autoridades del Ejecutivo.
Tras su liberación, Valda retornó a Santa Cruz este domingo por la tarde. Fue recibido en el aeropuerto Viru Viru por familiares, colegas y simpatizantes. A su llegada, agradeció a su esposa, hija y a quienes lo apoyaron durante su detención.
Además, Valda aseguró que continuará su defensa desde la legalidad y denunció abusos cometidos durante su aprehensión. Su esposa, también abogada, anunció que en los próximos días presentarán recursos legales por violación de derechos.
El lunes, Valda brindará un mensaje público desde el Comité Pro Santa Cruz. Se prevé que critique el accionar del Gobierno masista y denuncie la criminalización de abogados defensores. El acto ha generado expectativa en sectores que denuncian persecución a opositores, la Fiscalía mantiene la acusación por terrorismo y alzamiento armado.
El conflicto político se da por la narrativa del 26J, el Gobierno sostiene que existió un intento real de golpe de Estado. La oposición afirma que todo fue un montaje para reprimir voces críticas, la presentación del documental oficial ha avivado la controversia. Analistas mencionados en el mismo han calificado el audiovisual como “propaganda”, el Comité Pro Santa Cruz fue uno de los primeros en denunciar intenciones autoritarias.
La detención de Jorge Valda refleja el uso del aparato judicial como brazo político del oficialismo. Lejos de garantizar imparcialidad y debido proceso, el régimen masista ha convertido la justicia en un mecanismo de intimidación selectiva, dirigido con precisión contra quienes representan una amenaza a su hegemonía.