La Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre de 2024 por la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, dejando firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Se trata de una medida autoritaria, decidida en la trastienda por tres jueces de una Corte Suprema que viene estando en el ojo de la tormenta, cuestionada y que es la expresión más bochornosa de una justicia clasista, cómplice de todos los negociados y la corrupción estructural de este régimen y sistema capitalista que viene hundiendo en la miseria al pueblo trabajador.
No le reconocemos ninguna autoridad moral ni política a esta Corte ni a todo este sistema de justicia plagado de privilegios de casta, nombrado por el poder político y viciado por esos intereses. Porque ninguna de las medidas que incluyen esta resolución de la Corte, hacen parte de la lucha contra la corrupción, sino que responden a intereses de sectores del gobierno y el establishment, a quienes esta justicia les rinde obediencia.
No le reconocemos ninguna autoridad a esta justicia tampoco para investigar, perseguir y juzgar a luchadores sindicales o sociales, para criminalizar a quienes luchan por el salario o se organizan en los barrios, mientras no lo hacen con los que pagan la fraudulenta deuda externa o fugan millones de dólares al extranjero. O con el agronegocio y los formadores de precios, que especulan con la comida y tienen ganancias récord a costa de la pobreza del pueblo trabajador.
Hoy estamos frente a un fallo de una justicia cuestionada hasta la médula, que hace parte de un régimen político cada vez más autoritario y reaccionario que no nace ahora con esta medida: desde que asumió Milei y su gobierno vienen avanzando con una estrategia antiderechos democráticos y sociales. Con el protocolo antiprotesta de Bullrich, los DNU, las leyes reaccionarias, el ataque a los jubilados, la salud, la educación y la quita de programas para cuestiones tan elementales a las personas con discapacidad.
Tampoco este fallo reaccionario tiene nada que ver con ningún combate a la corrupción, que es inherente al capitalismo. Todo el sistema político argentino —incluyendo claramente a la Justicia— está podrido hasta la médula por hechos de corrupción. Los que hablan de la Causa Vialidad se callan sobre las causas del macrismo, sobre el desfalco escandaloso con la deuda externa y las fugas de capitales, o con la estafa del caso $LIBRA, que de repente aparecen en el olvido. Unos y otros se acusan o se encubren de acuerdo a su conveniencia.
Siempre sostuvimos que la corrupción es un problema estructural de todo el sistema capitalista y sus administradores, por eso en todos los gobiernos hay evidentes hechos de corrupción. Son una práctica de los capitalistas para hacerse de la obra pública y de los funcionarios para financiar la política y amasar fortunas. En esto es responsable todo el arco político del sistema y nunca se investigan y se castiga realmente a los responsables. El pueblo tiene derecho a saber la verdad y no será esta justicia quien lo haga. Para ello es imprescindible que una Comisión investigadora Independiente de todo poder político, conformada por personalidades intachables, lleve a fondo no solo una investigación sobre los hechos denunciados durante el gobierno de Cristina, sino también sobre el gobierno de Macri y su deuda ilegítima, y más actualmente, sobre Milei y sus mecanismos y negociados de casta con el poder financiero. Y un un cambio de fondo en la justicia, terminando con las designaciones políticas y que los jueces y fiscales se elijan por voto popular, que sean revocables, con un tiempo límite y sueldos acordes a lo que cobran los trabajadores ampliando y generalizando los juicios por jurados populares. Todos estos cambios que impulsamos desde el MST en el FIT Unidad tienen que se parte de un cambio de fondo de todo el régimen político, económico y social de nuestro país.
Para frenar estos ataques y derrotar a este gobierno y el régimen autoritario necesitamos movilizar en serio. Lamentablemente los dirigentes de las centrales sindicales que no convocan y los legisladores que le facilitan la aprobación de las medidas, tienen responsabilidad en esos avances reaccionarios. Necesitamos un plan de lucha nacional en defensa de las libertades democráticas, pero también por el salario, la salud y las infancias como reclaman en el Garrahan, por las jubilaciones como exigen todos los miércoles en el Congreso, por los presupuestos sociales y todos los derechos del pueblo trabajador.