En el marco de su política de ajuste del gasto público y desregulación estatal, el Gobierno nacional dispuso la disolución de diversos programas de promoción vinculados a la producción agropecuaria, entre ellos el histórico Régimen Ovino. La decisión fue oficializada este miércoles a través del Decreto 408/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
La medida alcanza a iniciativas creadas en las últimas dos décadas, que tenían como propósito incentivar producciones agropecuarias alternativas y fortalecer economías regionales, especialmente en zonas rurales alejadas y de bajos ingresos.
Programas eliminados
Entre los regímenes disueltos se encuentran:
- Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, creado por la Ley 25.422.
- Programa de Promoción y Producción del Gusano de Seda y su Registro Nacional de Sericicultura, establecidos por la Ley 25.747.
- Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina (Ley 26.141).
- Régimen de Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas (Ley 27.066).
- Programa de Fomento para la Producción de Bubalus Bubalis (búfalo de agua) y el Consejo Federal Bubalino, creados por la Ley 27.076.
Además, fueron eliminadas las comisiones asesoras técnicas vinculadas a estos programas, que funcionaban en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.
El decreto también dispuso la derogación formal de las leyes que daban sustento a estos regímenes: 25.422, 25.747, 26.141, 27.066 y 27.076.
Fundamentos de la decisión
En los considerandos de la norma, el Ejecutivo argumentó que estos programas «fueron diseñados en un escenario productivo, institucional e histórico muy diferente al actual». En ese contexto, y en línea con el Decreto 70/2023, que ordenó una amplia desregulación económica, el Gobierno considera que «resulta innecesaria» la continuidad de estas estructuras.
La medida se apoya también en los principios establecidos por la Ley de Bases (Ley 27.742), recientemente aprobada, que declaró la emergencia pública en diversas áreas de la administración.
«La actividad administrativa tradicionalmente denominada como de ‘fomento’ o ‘ayudas públicas’ ya no forma parte del nuevo diseño de gestión estatal», señala el texto oficial. El Gobierno sostiene que su política actual está orientada a «maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública» y a eliminar estructuras que puedan considerarse redundantes o superpuestas.
Impacto en las economías regionales
Las políticas ahora eliminadas estaban dirigidas a fortalecer cadenas productivas locales a través de subsidios, asistencia técnica, capacitaciones, becas y el respaldo institucional a proyectos productivos presentados por provincias, municipios, cooperativas, fundaciones, asociaciones y escuelas agrotécnicas.
Particularmente, el Régimen Ovino fue durante años una herramienta clave para la diversificación productiva y el arraigo rural en regiones como la Patagonia.
El decreto aclara que el Estado deberá cumplir con los compromisos previamente asumidos en el marco de los programas disueltos. No obstante, no establece continuidad institucional ni reemplazos para los marcos legales eliminados.
La decisión genera interrogantes sobre el futuro de miles de pequeños productores que dependían de estas políticas como principal vía de asistencia estatal.
Derogación de controles sobre el tránsito de plantas
Además de la eliminación de estos regímenes, el Gobierno dispuso por medio del Decreto 410/2025 la derogación de la Ley 17.606, que exigía a establecimientos y comercializadores de plantas acompañar los despachos con una «Guía de sanidad para el tránsito de plantas o sus partes».
La administración nacional consideró que la normativa «impone restricciones que afectan tanto a productores como a comerciantes y particulares que transportan plantas, generando una intervención estatal desproporcionada». Según el texto, este sector puede regularse en el marco de criterios modernos de control sanitario, sin necesidad de mantener regulaciones consideradas obsoletas.
Una nueva etapa en la política agropecuaria
La eliminación de estos programas forma parte de un cambio profundo en el diseño de políticas públicas orientadas al sector productivo. Mientras desde el Gobierno se destaca la búsqueda de mayor eficiencia y menor intervención estatal, diversos actores del sector agropecuario advierten sobre las consecuencias para las economías regionales y el desafío que enfrentan los pequeños productores para mantenerse activos sin el respaldo de estos instrumentos.
El debate por el rol del Estado en el desarrollo productivo se profundiza en un contexto donde las prioridades oficiales pasan por el ajuste fiscal y la liberalización de la economía.