En un nuevo aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, organismos de derechos humanos, comunidades originarias y sectores políticos vuelven a apuntar contra el aparato represivo del Estado. La figura de Patricia Bullrich, hoy nuevamente al frente del Ministerio de Seguridad, simboliza la persistencia de una doctrina que criminaliza la protesta y naturaliza la violencia institucional.
Represión como política de Estado
Este Viernes se cumplen ocho años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ocurrida tras un violento operativo de Gendarmería Nacional en el territorio del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut. El caso, que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos humanos en democracia, vuelve a resonar con fuerza en un contexto de creciente represión estatal y criminalización de la protesta.
En el centro de la escena reaparece una figura clave: Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, quien también ocupaba ese cargo en 2017, cuando ocurrió la desaparición de Maldonado. A ocho años, Bullrich no sólo nunca fue juzgada por su responsabilidad política en el hecho, sino que ha profundizado su política represiva al frente de la misma cartera.
Durante el último año, las fuerzas federales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad han sido protagonistas de una serie de operativos violentos, detenciones arbitrarias, espionaje sobre militantes y uso desproporcionado de la fuerza. Las organizaciones sociales denuncian que existe una doctrina de represión preventiva, avalada desde lo más alto del Poder Ejecutivo, que no distingue entre delito y protesta.
En ese sentido, la gestión actual reproduce una lógica histórica de persecución estatal, especialmente sobre los pueblos originarios, el movimiento piquetero y los espacios de organización territorial. En muchos casos, estas prácticas son legitimadas públicamente por Bullrich, quien no duda en reivindicar la “mano dura” como política de gobierno.
Ocho años sin justicia
El 1° de agosto de 2017, Santiago Maldonado fue visto por última vez mientras huía de un operativo represivo de Gendarmería. Su cuerpo apareció 78 días después en el mismo río donde había sido buscado infructuosamente. Aunque el caso sigue impune, con dilaciones judiciales y encubrimiento político, la memoria de Santiago sigue viva en los reclamos populares.
A ocho años, su nombre se convirtió en símbolo de la resistencia frente a la represión estatal, y su causa se inscribe en una larga lista de crímenes que la democracia argentina aún no ha podido reparar.
Bullrich, continuidad sin límites
La continuidad de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad representa una grave señal de impunidad. Su gestión actual refuerza las peores prácticas del pasado: espionaje a referentes sociales, detenciones masivas sin orden judicial, protocolos “anti-piquetes” y despliegues intimidatorios contra comunidades originarias.
Lejos de rendir cuentas por lo ocurrido en 2017, Bullrich hoy reivindica su accionar, repite el discurso de la criminalización y actúa como garante de una política de seguridad que apunta a disciplinar el conflicto social con balas y cárcel.
No fue un exceso, fue una política
El caso Maldonado no fue un error, ni un exceso de las fuerzas: fue el resultado directo de una doctrina de seguridad basada en el enemigo interno. Esa misma lógica es la que hoy rige los operativos federales, desde los desalojos en comunidades indígenas hasta las represiones a manifestaciones populares.
A ocho años, la memoria de Santiago Maldonado interpela al Estado argentino: no sólo por lo que hizo en 2017, sino por todo lo que sigue haciendo hoy. La pregunta no es solo quién dio la orden entonces, sino quién la sigue dando ahora.
En un país donde la protesta social vuelve a ser perseguida y la figura del desaparecido resuena con dolor y rabia, la continuidad de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad es una afrenta para quienes luchan por justicia, memoria y derechos. A ocho años, el reclamo sigue vigente: el Estado es responsable.