Santiago (cuyo nombre real protegeremos por razones de seguridad) tiene 45 años. Denunció a su empleador en 2022. Trabajaba en una avícola en un pueblo del interior del país: de lunes a lunes, 16 horas por día y con un ingreso que representaba menos de un tercio del salario mínimo de ese momento. “El señor era agresivo, te insultaba. No le importaba si estabas con hambre, si tenías sed, si tenías frío, si tenías nada…”, contó a PERFIL. “Tampoco pagaban horas extra. Tomábamos agua del pozo, en donde había animales muertos”, recordó.
Durante todo 2024 rescataron a 1.372 víctimas de trata en Argentina. El dato surge de un análisis de la información oficial que condensó en un documento la Fundación La Alameda. De ese total de víctimas, “solo 400 recibieron algún tipo de asistencia inmediata”. Este apoyo incluye, entre otras cosas, contención hasta la primera declaración testimonial. En lo que va del año, según consta en los datos del presupuesto abierto, el Programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata ejecutó apenas el 18% de los recursos ($ 157 millones de los $ 864 millones disponibles).
En mayo el Gobierno dio de baja los programas Restituir y Reparar, que incluían una compensación económica y capacitación laboral para las víctimas, y los reemplazó por el de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas. El objetivo es el mismo que el de las iniciativas que funcionaron, en teoría, hasta mediados de este año: preparación para el mercado laboral y una asistencia monetaria equivalente al salario mínimo vital y móvil durante tres meses –prorrogable por tres meses más–. La resolución 246/2025 que crea el programa especifica que el objetivo es garantizar la asistencia y reinserción laboral de las víctimas del delito de trata de personas, “haciendo énfasis en la eficacia de las prestaciones, la eficiencia administrativa y la articulación federal”. En junio pasó de la órbita del Ministerio de Capital Humano al de Justicia.
Pero ese programa, según figura en los datos del presupuesto abierto, cuenta con $ 0 para el ejercicio de 2025.
Los datos oficiales –que son de acceso público– parecen confirmar lo que denuncian las organizaciones: ninguna víctima cobró la prestación. Mientras tanto, afirma el documento de La Alameda, las que cobraban a través de Acompañar o Reparar hasta 2024 dejaron de hacerlo, y las nuevas no encuentran cómo acceder a las políticas de restitución. PERFIL consultó al Ministerio de Justicia sobre el tema, pero, hasta el momento de la publicación de esta nota, no obtuvo respuesta.
“La página web oficial del Comité Ejecutivo contra la Trata permanece prácticamente desactualizada: la sección de noticias no se modifica desde diciembre de 2024 y, lo más grave, no se ha publicado el Plan Bienal 2025-2026 que por ley el Comité debe presentar”, afirma el documento. El objetivo del plan es precisamente trazar el camino de la lucha contra la trata en Argentina.
“El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas fue eliminado por decreto en noviembre de 2024, pero aún aparece erróneamente como activo en sitios oficiales”, agregó en este sentido Viviana Caminos, titular de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT). “Se creó un programa nacional, que centraliza y reemplaza los anteriores. Sin embargo, reduce el monto y duración de la ayuda económica: ahora se otorga solo por tres meses, prorrogable una vez. No hay datos sobre cuántas personas habrían recibido este beneficio”, afirmó a este medio.
El tema de la prevención y la restitución a las víctimas “queda prácticamente a cargo de las provincias. De provincias desfinanciadas”, agregó. “La falta de asistencia deja a las víctimas a su suerte, absolutamente vulnerables. Nos llaman personas angustiadas porque están con sus hijos en la calle, porque no tienen trabajo y nadie las ayuda. Las organizaciones somos quienes debemos contenerlas psicológicamente, articular los escasos recursos, conseguirles abogado, patrocinarlas”.
En diálogo con PERFIL, Gustavo Vera, presidente de La Alameda, explicó que la intervención del Estado en los primeros meses es fundamental. “Las medidas se relacionan con la posibilidad de contar con dinero para vivir mientras se lleva a cabo el acompañamiento terapéutico, el patrocinio jurídico y la búsqueda de resolución de situaciones habitacionales”, precisó.
“Yo tuve asistencia del Ministerio de Trabajo de la Nación. Hice un curso, me dieron una beca, pero ahora ya no, ya no tengo ninguna ayuda”, detalló Santiago. En un pueblo pequeño encontrar trabajo se le dificulta por haberse animado a denunciar. “Tengo dos hijos, estamos viviendo amontonados, no llegamos ni para alquilar”.
El estudio citado señala que hasta finales de 2023 existía un convenio entre el Comité Ejecutivo contra la Trata y la Comisión Nacional de la Vivienda “por el cual algunas provincias recibían cupos de viviendas sociales para víctimas rescatadas”. Pero, aseguran, la última vivienda se entregó en enero de 2024.
A toda esta situación se suma el debilitamiento de los controles. La Dirección Nacional de Migraciones resolvió eximir a las empresas de transporte internacional de pasajeros de la obligación de verificar la documentación accesoria de menores de 18 años que salgan del país. Por otro lado, explica el informe, si bien en 2022 se había acordado incluir a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en las causas de trata y lavado de activos, en abril de este año se le quitó esa facultad. “Esta medida –criticada por especialistas en transparencia– deja un vacío, pues ningún otro organismo fue designado para ocupar ese rol acusador”, lo que dificulta decomisar bienes y ganancias de tratantes.
Mientras tanto, concluyen, las modalidades de explotación se extienden y modernizan: en 2023 la cantidad de víctimas de trata en el mundo creció un 16% respecto al año anterior, y las redes supieron migrar hacia los entornos virtuales: “La era digital ha abierto un nuevo frente: la ‘trata 2.0’”.