La instalación de dos nuevos escáneres en el puerto de Montevideo en octubre de 2024 prometía ser un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico. Con tecnología de punta y un discurso oficial cargado de optimismo, las autoridades uruguayas aseguraron que estos dispositivos reforzarían los controles y cerrarían las puertas al tráfico de drogas hacia Europa y Asia.
Sin embargo, la realidad dista mucho de la retórica oficial: desde su puesta en marcha, no se ha decomisado ni un solo cargamento relevante de droga. Ni un “garoto”, como dicen los portuarios en su jerga. Pero lo más alarmante es lo que ocurrió con un contenedor marcado como “sospechoso” por el sistema: nadie lo revisó manualmente, siguió su viaje y, al llegar a Europa, se descubrió que transportaba cocaína.
Este incidente, lejos de ser un hecho aislado, expone una crisis sistémica en el principal puerto de Uruguay, un nodo crítico en las rutas globales del narcotráfico. ¿Falla humana? ¿Negligencia? ¿Complicidad? ¿O acaso los escáneres están “apagados” en los momentos clave? Las preguntas se acumulan, pero las respuestas brillan por su ausencia. Mientras tanto, Uruguay sigue apareciendo en investigaciones internacionales como una plataforma de tránsito para la cocaína, un rol que pone en jaque su reputación de país estable y transparente.
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Un puerto bajo sospecha
El puerto de Montevideo ha sido señalado durante años como un eslabón débil en la cadena de seguridad regional. En 2023, un caso emblemático destapó las vulnerabilidades: 10 toneladas de cocaína, ocultas en contenedores que partieron de Paraguay y pasaron por Montevideo, fueron incautadas en el puerto de Hamburgo, Alemania.
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Las autoridades paraguayas admitieron entonces que el fallo no fue tecnológico, sino humano, y apuntaron a tres posibles causas: negligencia, complicidad o explotación de vulnerabilidades en los controles. Uruguay, por su parte, reforzó su narrativa de cooperación internacional, firmando convenios con Paraguay para compartir imágenes de escáneres y mejorar los controles. Pero los resultados concretos han sido escasos.
La llegada de los nuevos escáneres en 2024 fue presentada como una solución definitiva. Sin embargo, el caso del contenedor “sospechoso” que pasó sin revisión sugiere que el problema no radica en la tecnología, sino en los procedimientos –o en quienes los ejecutan–.
Este episodio no solo pone en duda la eficacia de los controles, sino que alimenta sospechas sobre posibles redes de complicidad dentro del puerto.
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Un cóctel de negligencia y opacidad
El narcotráfico no opera en el vacío. La capacidad de mover grandes cargamentos de droga a través de Montevideo requiere estructuras organizadas, redes de contactos y, en muchos casos, la vista gorda de quienes deberían garantizar la seguridad.
Informes internacionales, como los de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señalan a Uruguay como un punto de tránsito clave para la cocaína sudamericana con destino a Europa y Asia. El puerto, con su alto volumen de trasbordos, ofrece un entorno ideal para ocultar cargamentos en contenedores que, en teoría, solo “pasan” por el país.
La falta de decomisos relevantes desde octubre de 2024 contrasta con las “cifras récord” de incautaciones reportadas en años anteriores. Esta paradoja plantea preguntas incómodas: ¿están los escáneres funcionando correctamente? ¿Se están utilizando de manera efectiva?
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¿O hay sectores dentro del sistema que, por acción u omisión, facilitan el paso de la droga? La ausencia de investigaciones públicas sobre el caso del contenedor sospechoso alimenta la percepción de que el Estado uruguayo no está enfrentando el problema con la seriedad que requiere.
Lavado de activos: la otra cara de la moneda
El narcotráfico no solo implica el movimiento de drogas, sino también el lavado de los millonarios ingresos que genera. Uruguay, con su sistema financiero relativamente sofisticado y su posición estratégica, ha sido señalado como un punto vulnerable para estas operaciones.
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En Montevideo, la opacidad en los controles portuarios facilita que estas operaciones prosperen. La falta de transparencia sobre los procedimientos y los responsables de las revisiones de carga genera un terreno fértil para la corrupción.
Mientras las autoridades insisten en su compromiso con la lucha contra el crimen organizado, los resultados sugieren que las palabras no se traducen en acciones concretas.
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Un desafío para Uruguay y la región
El caso del contenedor que llegó a Europa con cocaína no es solo un traspié operativo; es un síntoma de un problema más profundo. Uruguay se encuentra en una encrucijada: o asume un rol proactivo en el combate al narcotráfico y el lavado de activos, o arriesga convertirse en un eslabón débil permanente en las rutas globales del crimen organizado.
La cooperación con países como Paraguay y Argentina es un paso, pero insuficiente si no se aborda la raíz del problema: la falta de controles rigurosos, la posible complicidad interna y la ausencia de consecuencias para quienes fallan –o eligen fallar– en su tarea.
La comunidad internacional observa con atención. Cada cargamento que pasa sin ser detectado no solo daña la credibilidad de Uruguay, sino que fortalece las redes del narcotráfico que operan con impunidad.
Mientras los escáneres del puerto de Montevideo permanecen bajo escrutinio, la pregunta persiste: ¿es esta una historia de errores humanos, negligencia sistémica o algo mucho más oscuro? La respuesta, por ahora, sigue tan oculta como la droga que cruza el Atlántico.