Derrotar al gobierno ajustador y corrupto: diez medidas frente a la crisis económica y social

Esta elaboración fue realizada en consulta con la Dirección Nacional del PTS.

No hay salida dentro del régimen del FMI. La clase trabajadora no ha visto más que empeorar sus condiciones de vida bajo las políticas fondomonetaristas, donde todo el esquema económico se articula en función de juntar dólares para el saqueo a través de la deuda odiosa que se paga al organismo y al capital financiero imperialista.

Estamos ante una situación cada día más crítica. A pesar del préstamo con el FMI, el blanqueo y la baja de retenciones, el Banco Central no logra acumular reservas. Es que al mismo tiempo mantiene el dólar atrasado artificialmente, aunque con tendencia al alza: los dólares se van por la apertura comercial y la fuga de capitales. Las reservas del Banco Central siguen destruidas: están en terreno negativo por más de U$S7.000 millones. Está es una de las causas inmediatas que presionan a la suba del dólar y llevan tensión a los “mercados”.

Las “supertasas” de Milei y Caputo constituyen un salvavidas de plomo para evitar la escalada del dólar y, por ende, de los precios. Lo que hacen es asentar las tendencias a la caída de la actividad económica que se veían antes del nuevo acuerdo con el Fondo. El consumo popular cae de manera acelerada mientras solo se sostiene el consumo en la parte más alta de la pirámide social.

La Argentina capitalista presenta una falsa disyuntiva entre frenar la inflación frenando la actividad económica, o tratar de impulsar la actividad con inflación, dos alternativas que conducen a una mayor miseria a la clase trabajadora. La única opción para evitar el desastre debe partir de tirar abajo el acuerdo semicolonial con el FMI y establecer el desconocimiento soberano de la deuda odiosa.

Las medidas que aquí se proponen sólo se podrán conseguir con la más amplia movilización en las calles y la lucha de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. En esa perspectiva, es fundamental apoyar todas las peleas en curso, imponer un paro general activo a la CGT y la CTA y un plan de lucha que ponga en el centro las demandas obreras más urgentes.

El gobierno de Milei está debilitado. No puede haber más excusas. Nuestra perspectiva es avanzar en el camino de la huelga general, que permita desplegar toda la potencialidad de la clase trabajadora para paralizar el país y movilizarse, uniendo ocupados, desocupados e informales. Para esto hay que enfrentar el colaboracionismo de las burocracias sindicales. Hay que echarlas de nuestras organizaciones para recuperarlas como herramientas de defensa de nuestros intereses

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Es justamente la marcha de la crisis, cada día más agobiante para millones de personas, la que hace mucho más urgente la necesidad de que la clase trabajadora pese en la vida política nacional, con sus propios intereses. El peronismo en crisis quiere volver a ponerla como “furgón de cola” de un proyecto que no quiere romper con el FMI, que quiere negociar la entrega de los bienes naturales y mantener las conquistas neoliberales que nos hunden en la precarización y la pobreza. Eso mostró el gobierno de Fernández, Massa y Kirchner, eso muestran los ajustes de los gobernadores. Las listas de Fuerza Patria en todo el país están plagadas de candidatos que fueron funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y expresan esa política.

Por eso creemos que es urgente que la clase trabajadora pueda debatir cómo construir su propia fuerza política. Un partido que represente los intereses de las y los millones de trabajadores que hacen funcionar el país a diario.

Esta es una política que proponemos en primer lugar a las organizaciones que forman parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, así como a los sectores que son parte del sindicalismo combativo y los sectores en lucha. Ya lo estamos planteando como propuesta del PTS en la campaña electoral, a la par que luchamos en ese terreno por plantar una opción de independencia política de los trabajadores y peleamos por conquistar más bancas para fortalecer nuestra voz y nuestras luchas, porque consideramos que avanzar en ese debate fortalece al FITU y le da proyección hacia el conjunto de la clase trabajadora, además de darle más profundidad a nuestra la lucha política contra la burocracia sindical que pone las organizaciones obreras (de ocupados y desocupados) al servicio del peronismo y la conciliación con los patrones.

Porque ese gran partido de trabajadores que proponemos, además de impulsar activamente cada una de las grandes luchas en curso, tiene que plantear un programa de salida a la crisis nacional, un programa anticapitalista y de independencia de clase. Para que la clase trabajadora encabece a todos los sectores explotados y se plantee tomar las riendas de la economía y planificarla en función de las necesidades de las grandes mayorías y no de un puñado de capitalistas. Eso solo puede hacer un gobierno de trabajadores. Al calor de la crisis y las respuestas obreras, por esa salida peleamos.

1. Aumento salarial de emergencia

El poder de compra del salario fue destruido por la política económica de los sucesivos gobiernos. En el sector privado registrado, la caída es de casi el 25 % en relación a 2015. En el sector público, llega al 40 %. Y, entre los informales, la pérdida apenas es compensada con el esfuerzo de trabajar cada vez más horas.

El macrismo les dio un primer golpe. El Frente de Todos dejó el poder de compra un escalón más abajo. La devaluación inaugural del gobierno de Milei implicó un nuevo ataque y aún se encuentra por debajo de los niveles de cuando asumió.

Por ello, las familias trabajadoras se endeudan cada vez más. Las “supertasas” de interés implican un nuevo negocio para los bancos por la vía de costos altísimos en las compras con tarjeta de crédito y en los préstamos personales, a costa de los ingresos populares.

Para recuperar el poder de compra saqueado gobierno tras gobierno, es urgente una recomposición salarial de al menos el 40 %. ATE INDEC estima que la canasta familiar mínima estaba valuada en $1.906.092 en julio. Desde varios sectores de trabajadores y trabajadoras vienen planteando la idea de un piso que cubra lo que se necesita para llegar a fin de mes: los cuerpos de delegados opositores de la UTA venían planteando $1.800.000 y en la Línea 60 $2.500.000; desde el Garrahan en lucha reclaman $1.800.000; el gremio de aceiteros logró un básico de casi $1.900.000 en abril. Hay que afectar la ganancia de las grandes empresas. Debe ser puesto en debate que ninguna trabajadora y trabajador gane menos de lo que se necesita para vivir, y establecer la actualización automática y mensual de salarios, jubilaciones y planes sociales, de acuerdo al aumento de la inflación.

2. Trabajo con derechos para todos y todas. Reducción de la jornada laboral: 6 horas, cinco días a la semana

La precarización laboral crece día a día, alentada por las grandes empresas que buscan aumentar los niveles de explotación. El trabajo en plataformas no es un camino de autonomía de los patrones y los jefes. Es solo una forma “moderna” de aumentar la precarización: hay que dejar el cuerpo y el alma para llegar miserablemente a fin de mes.

En nuestro país, también crece el pluriempleo, las extensas jornadas de trabajo y horas extra para intentar llegar a fin de mes. Hoy millones trabajan jornadas agotadoras mientras otra parte está desocupada, o se las arregla con planes sociales, changas y trabajos informales. La desocupación es particularmente elevada entre las jóvenes y los jóvenes: el único futuro que propone este régimen es la precariedad en todos los aspectos de la vida.

Hay que terminar con el fraude laboral y la informalidad en sus distintas modalidades. Trabajo con plenos derechos para todxs (estabilidad laboral, seguro médico, aportes jubilatorios, aguinaldo, vacaciones pagas, derecho a organizarse) con salarios que, como mínimo, cubran las necesidades y permitan una existencia digna. Pase a planta permanente y bajo convenio de contratados, tercerizados, informales, monotributistas.

La reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, sin flexibilización ni reducción salarial y con un salario que cubra como mínimo la canasta familiar, permitiría generar un millón de nuevos empleos con derechos, sólo en las principales 12.000 empresas del país. Para ello, se debe implementar el reparto de las horas de trabajo que genera la reducción de la jornada, entre ocupados, informales y desocupados, para generar trabajo con derechos para todos y todas. Y que sea sin rebaja salarial ni flexibilización.

Con esas medidas y poniendo los avances tecnológicos al servicio de las necesidades de las mayorías, trabajar menos para trabajar todos, tener tiempo libre para descansar, para estudiar, estar con la familia o amigos, pero también para disponer de tiempo para organizarse y que, en perspectiva, la clase trabajadora pueda participar de la autogestión de sus propios lugares de trabajo, de estudio y del conjunto de la sociedad.

3. Recomposición de jubilaciones y pensiones por discapacidad

Lejos de ajustar a la casta, el gobierno de Javier Milei y Luis Caputo descarga el ajuste sobre jubiladas y jubilados y deja sin cobertura a 110 mil personas con discapacidad y sus familias, mientras no dejan de aflorar las coimas en el ANDIS con empresarios de laboratorios.

La jubilación mínima que perciben 2 de cada 3 jubilados y pensionados no llega a cubrir un tercio del valor de la Canasta del Adulto Mayor. La caída acumulada del poder de compra de la jubilación mínima con bono es de 33% en relación a noviembre de 2015. A su vez, el poder adquisitivo del resto de los haberes se recortó a la mitad en 10 años, o sea tomando a Macri y el Frente de Todos.

Todos los gobiernos, uno tras otro, han echado mano a los fondos de la ANSES. Así, el gasto previsional bajó al 5% del PBI, similar a los niveles de los años `90. Tras eliminar la moratoria, el gobierno pretende impulsar una reforma previsional que suba la edad mínima para jubilarse a medida del FMI.

Mantener a los jubilados en la extrema miseria es una decisión, no una fatalidad. Hay que cortar con el desfinanciamiento de la seguridad social por la vía de reponer las cargas patronales al nivel que tenía en los noventa. Terminar con el fraude laboral de los trabajos precarios e informales permitiría recomponer los recursos previsionales. Con esos recursos se puede garantizar un haber que como mínimo permita cubrir la Canasta de los Jubilados y atender el reclamo histórico del 82 % móvil del mejor salario en actividad, complementado con un sistema de salud integral y verdaderamente accesible a cargo del PAMI y de una cobertura adecuada para las personas con discapacidad.

4. Vivienda y alquileres: por un plan de obras públicas y crédito subsidiado

La vivienda es un sueño eterno en la Argentina de las últimas décadas. El déficit habitacional en Argentina asciende a más de 3 millones de viviendas. El “mercado” inmobiliario está dolarizado desde la dictadura genocida, con propiedades en dólares y salarios en pesos cada vez más devaluados.

La situación se agravó bajo el gobierno de Javier Milei. Una de sus primeras medidas fue la derogación de la Ley de Alquileres a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 lo que provocó la suba acelerada de los precios de los alquileres. Según datos del Indec, en la era Milei el rubro alquiler de la vivienda escaló 481% mientras que la inflación general fue de 226% (región GBA julio-25 versus noviembre-23).

La Ley de Alquileres tenía sus limitaciones y en la práctica muchos aspectos no se estaban cumpliendo, pero su derogación no buscó facilitar la vivienda para los inquilinos sino que castigó a quienes hoy ya no llegan a fin de mes. Según un informe del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), en abril el costo de un alquiler de 2 ambientes representó el 60% del salario de un trabajador formal, sin incluir expensas ni servicios.

Los préstamos hipotecarios UVA están lejos de constituir una política habitacional. Sus requisitos excluyen a la mayoría de la clase trabajadora y durante el macrismo arrojó a cientos de miles a deudas impagables. Mientras 3,3 millones de hogares viven en viviendas alquiladas, existen más de 2 millones de viviendas ociosas en todo el país, en las megatorres de Puerto Madero o en countries.

Basta de casas vacías y gente sin casas. Ante el déficit habitacional se necesitan medidas como un plan de obras públicas centrado en la construcción de viviendas y urbanización de barrios populares. Garantizar líneas de crédito barato, con tasas subsidiadas, para refacción o acceder a comprar una vivienda. Basta de lucrar con la vivienda: hay que establecer un impuesto progresivo a la vivienda ociosa a quienes posean más de tres inmuebles en el país, y una regulación para los alquileres. La vivienda es un derecho, no un negocio.

5. Defensa de la Universidad y la Salud públicas y gratuitas

En el año 2024 el Gobierno recortó un cuarto del presupuesto universitario, recayendo lo principal del ajuste sobre los salarios de docentes y no docentes. Estos perdieron 32% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023. Producto de los sucesivos recortes de todos los gobiernos, el salario universitario es hoy prácticamente la mitad respecto a una década atrás.

La asfixia presupuestaria y la falta de paritarias desde hace un año generaron un éxodo de al menos 10 mil docentes en todo el país, afectando la calidad educativa y la investigación pública. Mientras, los rectores preparan una reforma de los planes de estudio hacia un sistema de créditos (SACAU) con una orientación tecnicista y mercantilista del conocimiento.

Milei vetó la ley de financiamiento universitario y anunció que lo haría nuevamente este año. No se trata de un ajuste presupuestario más, sino de una política deliberada para forzar el fortalecimiento de la educación privada arancelada, que cerraría la puerta a la formación y el pensamiento científico a millones de trabajadores.

De igual forma, anunció el veto a la ley de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan, en el marco de ajuste presupuestario atroz que incluye recortes de prestación en PAMI y las obras sociales, afectando el acceso a la salud para millones de familias trabajadoras. Mientras, los trabajadores no cubren la canasta de pobreza y el Ministro Lugones ataca el sistema de residencias nacionales. Los pagos al FMI en 2025 representan 18 veces el presupuesto anual del Hospital Garrahan. Los pagos de intereses al capital financiero y el FMI ronda el 10 % del presupuesto público nacional y supera los recursos destinados a la educación y a la salud. El gobierno le baja impuestos a la minería y al agropower. Basta de plata a los especuladores y el FMI. Plata para la salud y la educación.

Pero el rechazo social a este ajuste fue contundente, con movilizaciones multitudinarias en defensa de la universidad, y con tomas y asambleas en más de 100 facultades de todo el país en 2024, así como movilizaciones en defensa del Hospital Garrahan y del sistema público de salud. Es necesario continuar ese camino para rechazar los vetos de Milei, comenzando por preparar una masiva tercera marcha federal universitaria. Aumento presupuestario ya para la salud y la educación públicas. Hay que defender las universidades estatales públicas y gratuitas, pelear por su democratización y la orientación de los conocimientos al servicio de las necesidades sociales.

6. Un sistema científico al servicio de los trabajadores

El gobierno de Milei quiere destruir el conjunto del sistema científico y tecnológico con el objetivo de reestructurar el país en función de las necesidades del capital financiero imperialista: una país primarizado exportador de hidrocarburos, minerales y materias primas agropecuarias, con una mayoría trabajadora precarizada y bajos salarios.

El presupuesto en Ciencia y Técnica se redujo a la mitad: del 0,302% del PBI en 2023 se dirige a un mínimo histórico del 0,157% del PBI en 2025. Una cifra que perfora el piso alcanzado en 2002 (de 0,177%), un mínimo absoluto de toda la serie histórica.

Según datos del Banco Mundial, en Argentina el gasto en Inversión y Desarrollo (I+D), público y privado, fue equivalente al 0,55% del PIB en 2022. Muy lejos de países que son modelo para Milei, como Israel (6% en relación al PBI). O de economías que se desarrollaron de la mano de los intereses imperialistas de los Estados Unidos, como Corea del Sur (5%). O de economías imperialistas desarrolladas como EE.UU (casi 4%) y Alemania (3%), incluso de también experiencias como China que invierte casi un 3%. El desfinanciamiento de La Libertad Avanza acrecentará estas brechas.

El mileismo se aprovecha de la precariedad sistémica en la que trabajan investigadoras e investigadores a causa de la política de los gobiernos peronistas. La expulsión de investigadoras e investigadores que buscan opciones laborales en el exterior es una enorme pérdida de “capital humano”. Como han expresado científicos en lucha: “sin trabajadores no hay ciencia, sin ciencia no hay futuro”. Junto con la emergencia presupuestaria de las universidades nacionales, es necesario cuadruplicar el presupuesto del sistema de ciencia y técnica y recomponer los salarios.

El sistema científico público nunca estuvo abstraído de la lógica empresarial debido a la orientación general que le dieron los gobiernos, y por la cooptación de desarrollos científicos y de investigadores para el lucro privado.

Pero el sistema científico constituye un enorme activo con el que cuenta el país para mejorar las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras. El CONICET, el INTA, el INTI, el SMN, la CNEA, entre otros organismos, podrían potenciar sus aportes en la perspectiva de una planificación democrática de la producción basada en la deliberación de la clase trabajadora y conquistar una verdadera soberanía en ruptura con la decadencia capitalista.

7. Nacionalización de servicios públicos por sus trabajadores: abajo los tarifazos y las privatizaciones

El derecho de acceso al agua, la luz y el gas no pueden ser un negocio en manos de unas pocas empresas privadas. Bajo el menemismo la mayoría de los servicios públicos fueron privatizados a bajo precio y desde entonces el Estado garantizó enormes ganancias a las empresas administradoras, que no invierten generando servicios de pésima calidad. Los cortes de luz ya son un clásico del verano y este invierno también hubo cortes de gas.

Como parte del ajuste exigido por el FMI el Gobierno avanzó en subas de tarifas de luz, gas, agua y transporte. El gasto en servicios públicos trepó muy por encima de la pauta salarial. Desde diciembre de 2023 hasta el mes de agosto de 2025 la canasta de servicios públicos del AMBA [1] se incrementó 578% mientras que el nivel general de precios lo hizo en 158%.

Además, según datos del Indec el gasto en telefonía e internet, que se volvió indispensable para estudiar y trabajar, trepó 313% bajo el gobierno de Milei, superior al nivel general de la inflación (226%).
Mientras los bolsillos populares son castigados con altas tarifas, las empresas privatizadas ganaron millones. Entre Edesur, Edenor y Metrogas, embolsaron juntas más de $200.000 millones de ganancias en el primer semestre del año, es decir $1.000 millones por día.

Los servicios públicos son un derecho esencial para toda la población, basta del negocio de las empresas privatizadas. Es necesaria la nacionalización de todo el sistema energético, la gestión democrática por parte de sus propios trabajadores, de técnicos especializados y en la cual participen comités de usuarios populares. Esto permitiría una planificación racional, garantizar el acceso de toda la población a un servicio barato y de calidad, en camino hacia el abaratamiento de los costos energéticos en base al desarrollo productivo y llevar adelante la transición energética.

8. Cortar la fuga: nacionalización de los bancos en un sistema estatal único

El sistema bancario es un instrumento del saqueo del país y de los bolsillos de la clase trabajadora. Las “supertasas” que estableció el equipo económico conducido por Luis “Toto” Caputo, el Messi de las finanzas, en realidad fue impuesto, en gran parte, por presión de los bancos. Caputo les concedió ese beneficio para tratar de contener el dólar, lo que le costará al Estado entre $1,3 billones (equivalente al 0,13% del PBI, casi lo mismo que el presupuesto anual de ciencia y técnica) a $3,4 billones por el costo adicional (más de lo que estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso el aumento a los jubilados que vetó Milei)

Mientras pagan una tasa de interés baja al ahorrista por un plazo fijo, los bancos utilizan la crisis para cobrar tasas de interés por las nubes a quién se endeuda, juegan con la plata de los depositantes. Ellos nunca pierden: la banca privada reportó ganancias por $3 billones de pesos entre junio de 2024 y mayo de 2025.

Además, de ser los intermediarios que lucran con la deuda pública, los bancos están detrás de la fuga de capitales al exterior, la legal y la ilegal, como se demostró en los importantes episodios de fuga como en el 2001, entre 2011 y 2015 y entre 2016 a 2019. En distintas investigaciones se demuestra que entre los principales fugadores se encuentran las grandes empresas.

Ahora otra vez se están preparando para una nueva retirada. Una vez más en la historia, hay fuertes sospechas que grandes empresarios están comprando dólares como personas saqueando los recursos que el país necesita para el funcionamiento de la economía. Hay que terminar con el secreto bancario para que todo salga a la luz, que se conozca quiénes están detrás del desfalco y qué bancos son responsables.

La nacionalización del sistema bancario en un banco estatal único, gestionado por sus trabajadoras y trabajadores, permitiría anular a los bancos como facilitadores de la fuga de capitales. Nacionalizar los bancos no sólo permitiría anular los vehículos de la fuga de capitales y de la especulación, sino que también es una medida fundamental para que los depósitos particulares de los pequeños y medianos ahorristas no terminen siendo expropiados como sucedió con el plan Bonex de 1991 o el “corralito” de 2001, y que el ahorro nacional se destine al desarrollo productivo, a crear créditos baratos para acceder a la vivienda, a microemprendimientos o para los pequeños comerciantes golpeados por la crisis.

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9. Basta de especulación con el dólar y los alimentos: monopolio estatal del comercio exterior

Hoy existe un monopolio privado del comercio exterior: pocas empresas, principalmente extranjeras, concentran entre el 50% y el 75% de las exportaciones del país. Son las comercializadoras de cereales y derivados, petroleras y mineras, y en el sector manufacturero algunas grandes firmas de la agroindustria, las automotrices, el aluminio y otros metales.

Estas multinacionales controlan gran parte de las ventas al exterior, administran los campos y tienen puertos privados desde donde realizan operaciones no declaradas. Al tener el control de las divisas especulan con el tipo de cambio y los precios internos (como los alimentos) por sobre las necesidades del pueblo trabajador. También mediante el comercio exterior se fugan gran parte de las divisas que nos faltan, a través de la subfacturación de exportaciones y la sobre facturación de importaciones.

Las decisiones sobre qué necesita importar el país y qué no, y qué se puede exportar sin desabastecer a la población, no pueden quedar en manos de un puñado de capitalistas. Es necesario estatizar el comercio exterior bajo control de los trabajadores como una medida fundamental para terminar con la fuga de divisas. Además, este control permitiría proteger la economía nacional de presiones externas y de la manipulación de los precios, así como garantizar que las divisas generadas por las exportaciones se utilicen para financiar proyectos productivos y sociales prioritarios.

Para no terminar subsidiando a los grandes jugadores del agropower, la nacionalización del comercio exterior debe ir de la mano de avanzar sobre la gran propiedad de la tierra, que controla la mayor parte de las tierras cultivables en todo el país.

10. Abajo el régimen del FMI, desconocimiento soberano de la deuda externa ilegítima

A mediados de abril de este año el gobierno recibió un salvavidas (de plomo) por parte del Fondo, cuando los grandes capitales estaban desarmando sus posiciones en pesos (carry trade). Caputo dilapidó más de U$S 5.000 millones en el primer trimestre del año para contener el tipo de cambio, sacrificando las reservas. Fue así como el FMI aprobó un nuevo programa de Servicio Ampliado (SAF) por un total de U$S 20.000 millones, en un claro respaldo al gobierno de Milei por parte del imperialismo.

Entre abril y agosto, el FMI desembolsó el 70% del nuevo préstamo, por una suma de U$S 14.000 millones. Este apoyo, junto a la modificación de las metas de acumulación de reservas para finales de 2025 y la postergación de la revisión del acuerdo para febrero de 2026 le dieron algo de aire al gobierno y permitió sostener el endeble esquema cambiario con un peso sobrevaluado.

Sin embargo, por otras ventanillas la salida de dólares no se detiene: solo por turismo, en el primer semestre del año el déficit acumuló U$S 5.360 millones (BCRA). A esto hay que sumar las vías de fuga de las grandes empresas y los incesantes pagos de deuda. De acuerdo con los datos del Balance Cambiario del BCRA en apenas tres meses desde la firma del acuerdo con el organismo, la fuga de capitales y la compra de divisas de alcanzó los U$S 14.730 millones, superando los desembolsos del FMI.

Bajo el gobierno de Milei ya se han pagado U$S 25.204 millones en moneda extranjera entre capital e intereses de deuda y U$S 112.306 millones en moneda nacional. Pero esta sigue creciendo. En un año y medio la deuda pública valuada en dólares creció U$S 76.528 millones (+21%), y contrastado con diciembre de 2019, la suba es de +38%.

Entre 2026 y 2028 los vencimientos netos en moneda extranjera serán en promedio de U$S 28.000 millones. Un monto que supera con creces el superávit comercial de un año récord, como el del año pasado (U$S 19.000 millones). Estos compromisos son impagables y solo pueden sostenerse a costa de un ajuste brutal sobre las condiciones de vida de la mayoría.

El apoyo económico y político del FMI y del gobierno de Trump busca mantener una zona de influencia alineada con sus intereses, y el de las grandes empresas que buscan hacer negocios con los recursos estratégicos del país. La deuda externa es un mecanismo de dominación y sometimiento, siempre lo ha sido y en el país hay una larga historia de fracasos y miseria para el pueblo trabajador bajo el régimen del FMI. Por este motivo es que las recetas del peronismo que no proponen ninguna ruptura con este organismo tampoco sirven para dar vuelta la historia y terminar con el atraso y dependencia nacional.

No se puede negociar un poquito la deuda, hay que tirar abajo el acuerdo semicolonial con el Fondo y pelear por desconocimiento soberano de la deuda odiosa. Medidas que sólo podrán garantizarse con la más amplia movilización popular y la huelga general. No estamos solos. En los años recientes, las políticas del FMI desataron protestas en Kenia, Bangladesh, Pakistán, Ghana, Sri Lanka, Nigeria. Hay que apelar a la solidaridad y a una lucha internacional para derrotar los planes fondomonetaristas que llevan a la miseria a todos los países dependientes del mundo.

Por una salida de fondo, un gobierno de y para los trabajadores

El país se encuentra en una encrucijada, la profundización de la crisis o la posibilidad de ponerle un freno y dar vuelta las prioridades. Son ellos o nosotros. Toda la orientación económica del país está articulada en función de la obtención de dólares para pagar la deuda y ninguno de los partidos del régimen, incluido al peronismo (tanto el sector que quiere seguir pagando sin más como aquel que pretende “renegociar” para seguir pagando también) están dispuestos a romper este esquema.

Vienen por nosotros, ya sea mediante las “reformas” que clama la gran burguesía o a través de “golpes de mercado”. Incluso el fracaso del plan Milei sin una intervención decisiva de las masas populares que derrote a este régimen daría lugar a una mega devaluación que caería nuevamente sobre las espaldas del pueblo trabajador.

El gobierno, los políticos patronales, los grandes empresarios, los terratenientes, los banqueros, las mineras, las cerealeras y el FMI tienen su plan: el de una Argentina que sea un paraíso para la especulación financiera, dedicada a la exportación de materias primas y al saqueo extractivista de todo tipo, y donde el trabajo precario, el pluriempleo y lxs trabajadorxs pobres sean la regla, a un nivel aún mayor del que ya existe en la actualidad. Lo único que ofrecen es profundizar el atraso y la dependencia del país.

Necesitamos nuestro propio plan. Tenemos la posibilidad de tomar el curso de nuestro destino en nuestras propias manos, ser sujetos de nuestro destino, todo lo contrario al discurso de la resignación. Pasemos de la resistencia a la contraofensiva, para imponer un plan que responda a los intereses de quienes vivimos de nuestro trabajo.

Un plan propio de y para el pueblo trabajador que impongamos de la única manera que entienden los dueños del país, es decir, con la fuerza de la movilización de la clase trabajadora, del movimiento de mujeres, del movimiento estudiantil y la juventud. Y se podrá conquistar de manera íntegra con un gobierno de los trabajadores. Hay que pelear por una salida de fondo que implica reorganizar la economía y los recursos estratégicos mediante la planificación democrática de los trabajadores y en función de las necesidades sociales.

Nuestra lucha se inscribe en la perspectiva de unidad con los trabajadores, trabajadores y todos los oprimidos de Latinoamérica, está ligada a la lucha internacional contra los ajustes del FMI, contra el saqueo de los bienes comunes naturales en todo el planeta, contra el genocidio al pueblo palestino y contra toda forma de opresión.

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