El juez Sebastián Casanello aceptó este miércoles a la ONG Poder Ciudadano, que tiene un programa de asistencia a arrepentidos, como querellante, en la causa en que se investigan los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en los que habla de un supuesto pago de coimas en los que estarían involucrados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su asesor principal, Eduardo «Lule» Menem.
A partir de ahora, el director Poder Ciudadano, Pablo Secchi, y sus abogados Hugo Wortman Jofre y Tomás Brady podrán proponer al juez Casanello medidas de pruebas y apelar decisiones en un caso de litigio estratégico en la compra de medicamentos del Estado que, en todos los gobiernos, fue un foco de corrupción. Basta recordar la causa de la Mafia de los Medicamentos y la Ruta de la Efedrina en los gobiernos de Cristina Kirchner; y el PAMI, en el de Carlos Menem.
Wortman Jofre explicó a Clarín que en forma paralela al rol de querellante, Poder Ciudadano dispone del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) que es un servicio jurídico gratuito que ha asesorado arrepentidos como a Mario Pontaquarto en la causa de los Sobornos del Senado durante el gobierno de Fernando De la Rúa.
Si el abogado de Spagnuolo, Juan Araoz de Lamadrid, lo quiere Poder Ciudadano podría explicarle a Spagnuolo cómo funciona la ley del imputado-colaborador en la Argentina y el programa de Protección de Testigos e Imputados, contó Wortman.
En este caso, especificó, como el Programa de Protección de Testigos de Imputados depende del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y un sector de Gobierno está investigado, “se podría pensar en otros mecanismos de protección”, dijo Wortman, que dispone Transparencia Internacional para este tipo de casos.
La figura del arrepentido ya fue usada con éxito por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio en la causa de los Cuadernos donde más de 30 empresarios y funcionarios K colaboraron con el caso a cambio de un compromiso de reducción de penas. Incluso, el juez Casanello aceptó al financista Leonardo Fariña como arrepentido en la causa de la Ruta del Dinero K, aportó datos que “apuntaron para arriba” de la organización y así logró una reducción de penas en el juicio oral.
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La ONG ya es querellante en la causa del Yategate contra el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito por su lujoso viaje a Marbella con la modelo Sofía Clerici y la segunda por los retornos que se cobraban en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y que recaudaba Julio «Chocolate» Rigau. Este dirigente del PJ bonaerense no aceptó convertirse, en su momento, en arrepentido.
En su pedido del lunes, Poder Ciudadano –que la presidente Martín D’Alessandro- aclaró que ahora “es aventurado concretar imputaciones contra personas determinadas, pero es indudable que el ex funcionario Diego Spagnuolo es una de las personas que deberán brindar su descargo en estas actuaciones y, a partir de allí, se podrán efectuar mayores precisiones”. Hasta ahora la causa está en secreto de sumario y no tiene imputados.
«Los hechos que se investigan en el presente caso sin lugar a dudas resultan comprensivos de los intereses colectivos que Poder Ciudadano ha de representar”, destacó.
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En su escrito, la ONG comentó que “la corrupción, no tiene por principio una víctima individualizable sino que el interés que afecta es el normal funcionamiento de los servicios del Estado y las arcas públicas. Bajo esta concepción se puede asegurar que la transparencia es un interés colectivo cuya contra cara es la corrupción y como tal los delitos de corrupción permiten incluir a las organizaciones que bregan por su erradicación».