Para empezar, algunos datos del INDEC concretos y obviamente oficiales. Cuentan que en los partidos del Gran Buenos Aires viven 1,3 millones de personas con problemas laborales, entre desocupados y subocupados, o 2,4 millones si se les suman los llamados “ocupados demandantes” que buscan cambiar de trabajo o agregar uno a lo que ya tienen.
De la misma historia, sigue que 2,4 millones de personas equivalen a la mitad de la población de todo el país que se encuentra en situaciones semejantes. Nada casual, bastante directo, el introito puede ser considerado una explicación bien próxima al planchazo que el domingo pasado se pegó el gobierno libertario en la elección de la provincia de Buenos Aires.
Subido al tren entra el triunfo del peronismo. Tan sonoro como la derrota del mileísmo, tuvo lugar en un territorio que si se quiere le ha resultado históricamente propicio y que, para mayor abundancia, concentra el 50% de la actividad industrial, cerca del 50% de las exportaciones y alrededor del 40% del PBI.
También del palo económico y no precisamente del mejor son un par de encuestas del INDEC a propósito de las expectativas empresarias a corto plazo.
Según el relevamiento industrial, el 38,9% opina que las ventas al mercado interno bajarán y 21,8% que aumentarán. Y sobre la dotación de personal, 32,3% calcula que caerá y apenas 7% que subirá. Para los empresarios de la construcción, las obras privadas crecerán 18,4% y las públicas, 8,7%.
Vale agregar a esta ensalada de datos que la performance de la industria canta que entre enero de 2024 y julio del 2025 se acumulan, de corrido, 12 meses con registros negativos contra 7 en positivo. Y que varios de los rojos superan el 10%.
Aunque heterogéneo, el cuadro pide políticas productivas, alimenta el argumento de que con la baja de la inflación sola no alcanza y refirma la idea de que cuando el grueso de la población es asalariado los ingresos y el empleo influyen decisivamente en el bienestar social. “Sobre todo en una economía estructuralmente conflictiva”, dice un analista neutral que para nada milita en el bando opositor.
Aferrado al libreto ortodoxo, cómodo por lo demás, el Banco Central opera con tasas de interés que orbitan en la zona del 45%, a veces del 70%. El objetivo, detrás de un saque financiero que también paga el Estado nacional, pasa por mantener al dólar bajo control que es una manera de evitar que cualquier movimiento termine en los precios y erosione la herramienta política más efectiva que tiene el mileísmo.
El caso es que no todo luce espléndido en las listas de precios. Las planillas del INDEC anotan, contra agosto del 2024, aumentos del 48% en la carne, del 36% en el costo de la electricidad y el gas y del 42% en el transporte público de pasajeros. Sobresalen los alquileres de lejos, con un salto del 117% y le sigue el 47% de las prepagas.
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En paralelo, las tasas de interés que se proyectan sobre el costo del crédito, tanto personal como comercial, ya plantean que la actividad económica y las ventas empiezan a enfriarse. Y el último dato para este boletín agrega que con el riesgo país en alza la Argentina pagaría alrededor del 14-15% anual por el financiamiento exterior, que es como decir caro o carísimo en dólares y hablar de desconfianza e incertidumbre.