Un tribunal de EE.UU. ordena restituir el estatus migratorio a miles de venezolanos y otros migrantes

Una jueza federal determinó que la revocación del ‘parole’ a migrantes que ingresaron mediante la aplicación CBP One fue ilegal y ordenó al gobierno estadounidense restablecer su condición.

Una jueza federal de Estados Unidos determinó que fue ilegal revocar el estatus de ‘parole’ a miles de migrantes que ingresaron al país mediante la aplicación CBP One. Por ello, ordenó al gobierno de Donald Trump restituir el estatus de los afectados. El documento fue firmado por la jueza federal de Distrito de Boston Allison D. Burroughs.

Según indicó la magistrada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no siguió el protocolo que establece su reglamento interno. Además de la fundamentación sobre la ilegalidad del procedimiento, la jueza federal anuló las finalizaciones de ‘parole’ anunciadas en abril de 2025. En aquel entonces, los beneficiarios recibieron correos electrónicos genéricos donde se informaba el fin del estatus sin mayores precisiones.

La magistrada ordenó al gobierno estadounidense devolver el estatus de ‘parole’ que tenían antes de dichas notificaciones a todos los extranjeros alcanzados por el fallo judicial. De esta manera, el tribunal le dio la razón a los demandantes y negó el pedido de la administración Trump para desestimar el caso.

Más allá de la determinación de que venezolanos, cubanos y haitianos recuperen el ‘parole’, la disputa judicial sigue. Dado que es un fallo de un tribunal inferior, las autoridades estadounidenses pueden apelar y el estatus de los migrantes podría volver a quedar en suspenso hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

La decisión de la jueza fue que no se siguieron los procedimientos correctos para terminar con el ‘parole’ y por eso se determinó su ilegalidad. Sin embargo, en el fallo la magistrada reconoció la autoridad de la agencia federal para finalizarlo. En sus fundamentos, Burroughs manifestó que el secretario de Seguridad Nacional tiene la facultad de decidir que los propósitos del ‘parole’ se cumplieron y esa decisión no es revisable. Si el DHS sigue los pasos administrativos, la finalización del estatus sería válida.

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