El Gobierno nacional se embanderó con la “motosierra” como modelo de política económica, facilitando de esa manera, aflojar la presión impositiva. Pero el sistema tributario argentino es más complejo. En los últimos dos años, las tasas e impuestos municipales dejaron de ser un fenómeno marginal para convertirse en un vector clave de la competitividad empresarial, la formación de precios y la asignación de inversiones en la Argentina.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) relevó en su último Vademécum tributario que había 155 tributos en el país, a nivel nacional, provincial y municipal. De ese total, 85 son municipales, mostrando la capilaridad fiscal que exhiben los gobiernos locales.
La distribución de la recaudación tributaria consolidada muestra una fragmentación que impacta en el financiamiento público y en la carga sobre los contribuyentes. Según estimaciones del IARAF, si se consideran los efectos de la ley de coparticipación federal de impuestos y la coparticipación municipal proyectada, por cada $100 que ingresan a las arcas fiscales en 2025, el Tesoro Nacional retendría $25,7, la ANSES recibiría $28,1, las provincias concentrarían $33,7, mientras que los municipios obtendrían $12,5.
Por otro lado, el Informe de Tasas Municipales elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) reveló que durante 2024 se crearon 6 nuevas tasas a nivel nacional, mientras en la provincia de Buenos Aires, 13 de los 45 municipios relevados aumentaron las alícuotas con respecto a 2022 y solo uno las redujo.
El impacto financiero. Por su parte, las entidades financieras afrontaron subas casi constantes en las alícuotas provinciales y municipales desde 2009, de acuerdo con un informe del IERAL. Según este análisis, la carga tributaria llegaría al 44% del costo total del préstamo. Entre los más relevantes figuran el impuesto sobre créditos y débitos bancarios (“al cheque”), a los ingresos brutos sobre operaciones de crédito y el de sellos aplicado sobre tarjetas y otros instrumentos. A esto se suman tasas municipales por sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio. «El bajo nivel de bancarización de los últimos 20 años se explica en gran medida por la alta presión impositiva sobre los usuarios de servicios bancarios», agrega dicho informe.
El estudio difundido por la UIA identificó que una de cada tres obligaciones municipales responde a la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), que impacta de directamente sobre la actividad productiva y comercia, por un 0,7% de la recaudación total si se consideran los tres niveles de gobierno y representa un 1,8% del precio final de productos alimenticios. El otro gravamen con fuerte presencia es la Tasa de Habilitación de Actividades Económicas (THAE), utilizada para autorizar el funcionamiento de las empresas y que predomina en Chubut, Tucumán, Santa Fe, Chaco, San Luis, Mendoza y Córdoba. La TISH, en cambio, tiene mayor peso en Buenos Aires y Neuquén. No hay que olvidarse de la tasa de Abasto, que se cobra sobre los productos alimenticios que ingresan a los municipios con fines comerciales. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el principal tributo de carácter municipal sigue siendo la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL). La encuesta que elaboró la UIA detalló que, dentro de los 45 municipios relevados en la provincia de Buenos Aires, 13 incrementaron las alícuotas, otros 31 municipios mantuvieron los porcentajes vigentes y uno solo los redujo. Según los datos recopilados, el porcentaje promedio que abonaban las empresas industriales era de 0,79% en 2022 y 0,85% en 2024.
La evolución. Otro informe difundido por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), elaborado por el IARAF, expuso cómo evolucionó la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) en 30 municipios argentinos durante el período 2010-2023. El estudio reflejó un incremento marcado de la carga tributaria que ejercen los gobiernos locales a través de este tributo.
En promedio, los municipios que aplican la TSH mediante una alícuota registraron un aumento del 19%. El impacto resultó todavía más profundo en aquellos distritos que utilizan un monto fijo, donde el ajuste ascendió a un 125%.
Según el presidente de la CAC, Mario Grinman, el ingenio para recaudar y gastar no tiene límites. “Los gobernantes no asumen la realidad de que hay que pagar costos políticos para realizar los cambios que este país necesita”, argumenta. Por su parte, Daniel Calzetta, presidente de la Comisión de Asuntos Impositivos de la CAC, destacó que la creciente tributación municipal toma la forma de impuestos encubiertos antes que verdaderas tasas. “El ajuste de los municipios no tiene que hacerse en base a incrementar tasas y crear impuestos que solo complican la actividad económica” enfatizó.
Impacto en los precios e inversiones. En un contexto de preocupación creciente por la sustentabilidad del esquema tributario argentino, una encuesta reciente de KPMG Argentina a más de 100 CEOs y especialistas impositivos de compañías medianas y grandes, permitió dimensionar la incidencia de los impuestos sobre los precios finales y la actividad económica. El estudio de la consultora identificó que el tributo con mayor impacto negativo sobre las empresas es Ingresos Brutos (IIBB), señalado por el 54% de los consultados como el principal factor que encarece los precios de los productos y servicios. De hecho, el tributo fue noticia en las últimas semanas por la decisión de Mercado Libre y Mercado Pago, que aplicarán cargos diferenciados por provincia según el impacto del impuesto a los II.BB. en cada jurisdicción. El segundo impuesto más distorsivo para las empresas es el Impuesto a las Ganancias, seguido por otras imposiciones como las tasas municipales, que completan el podio de la preocupación fiscal. Una abrumadora mayoría (93%) considera que el esquema tributario actual no estimula la inversión. Por ejemplo, el Banco Nación puso en marcha un plan de ajuste que prevé el cierre de 60 sucursales en todo el país, explicadas como “reordenamiento operativo” que, dicen, permitiría un ahorro de más de $1.000 millones.
Los responsables. Matías Olivero Vila, presidente de Lógica ONG, una asociación civil dedicada a promover la conciencia tributaria, atribuye la responsabilidad de que Argentina figure entre los países con mayor presión impositiva a los poderes legislativos y ejecutivos en sus tres niveles de gobierno. Sin embargo, también señaló que existe un “ecosistema fiscal” que resultó funcional a esa situación, integrado por instituciones clave como el Poder Judicial, las autoridades fiscales y hasta el propio sector empresario y la ciudadanía en su conjunto. “Existe un aspecto de la actuación judicial que sí incide en la política tributaria, dado que los jueces han sido, en general, cada vez más tolerantes con los excesos cometidos en las normas por los poderes políticos”, cierra.
En un sistema integrado, mientras la presión fiscal nacional acapara la atención, los gravámenes locales avanzan y complican la actividad productiva, encarece el financiamiento y deteriora la competitividad de las compañías. Nada menos.